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Año: 1995, Fallos: 318:100 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina

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Materia Penal y 3, inc. 1, de la ley 1612 0, aun cuando se efectuara unainterpretación integrativa de ambas normas, queresultaban aplicables al caso según lo dispuesto por los arts. 7° del tratado binacional y 36, inc. 2, de la Convención Unica, en cuanto hacían expresa remisión al derecho interno (fs. 398/401).

3") Que esta Corte hizo lugar al recurso de queja articulado por el fiscal de cámara contra el rechazo de la apelación ordinaria que había deducido contra la mencionada sentencia (fs. 447/448).

4) Que en esta instancia el Procurador General reivindicó en favor del Poder Ejecutivo la facultad de aceptar o rechazar la opción del individuo pues del acuerdo de voluntades y de los principios de cooperación entrelos Estados surgía queel ejercicio dela opción, con fundamento en la nacionalidad, le correspondía al Estado requerido y noal individuo, ya que la expresión "de acuerdo a su propia ley" que contenía la dáusula noera sino una condición para su ejercicio, de modotal que la manifestación de voluntad del sujeto sólo lo facultaba para no acceder ala extradición —en la medida en que esa manifestación fundaba la solución prevista por el derecho interno— perodela cual podía apartarse. Afirmó al respecto que, a diferencia de los tratados sobre derechos humanos, que buscan establecer un orden público común cuyos destinatarios sean los seres humanos que pueblan su territorio, los convenios de extradición constituían un medio para equilibrar recíprocamente intereses entre los Estados. Citó como ejemplo el tratado sobre traslado de condenados -ey 24.036 firmado por ambos países y la Convención de las Naciones Unidas sobre el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias si cotrópicas —aprobada por ley 24.072, y agregó que el órgano llamado a decidir sobre la entrega del individuo era el Poder Ejecutivo ya que a ese efecto se debían ponderar circunstancias que se vinculaban con sus facultades reservadas, principalmente en lo que respecta a la conducción exclusiva y excluyente de las relaciones internacionales. Propició, en definitiva, un sistema mixto en el que, una vez establecida por los jueces intervinientes la configuración de los recaudos exigidos por el convenio, se supeditara su ejecutoriedad a un término dentro del cual el Poder Ejecutivo Nacional pudiera hacer conocer su voluntad política con respecto ala opción.

5) Que la defensa planteó sustancialmente tres órdenes de cuestiones: que el recurso fue mal concedido pues la resolución de la instancia inferior no le causaba agravio al Ministerio Público ya que el

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Año: 1995, CSJN Fallos: 318:100 
Extraido de : https://fallos.ar/csjn/tomo-318/pagina-100

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