como así también que aquél. hubiese aceptado hacer la tarea bajo esas condiciones. 5?) Que la estrecha relación entre los trabajos profesionales y todo lo concerniente a la regulación del Plan de Viviendas —en el que, por otra parte, son relevantes las normas de derecho público— fue admitida por el actor. Este manifiesta en su demanda que "contrató con la C.G.T. en base a la vigencia de un plan concertado entre el Ministerio de Bienestar Social y la C.G.T. y conforme a las reglamentaciones dictadas por el Banco Hipotecario Nacional; todo ello, dentro de la operatoria por la cual se fijó a la C.G.T. un determinado cupo de viviendas" (fs. 30). La contratación se celebró "conforme a las bases, modalidades y exigencias de la referida operatoria y reglamentaciones vigentes"" (loc. cit.).
6°) Que también la sentencia del a quo reconoce expresamente la antedicha relación. En efecto, la Cámara toma como uno de los elementos decisivos que demuestran la existencia del contrato entre el actor y la demandada —que no fue celebrado por escrito— a la resolución del Consejo Directivo de la CG.T. de fecha 4 de febrero de 1975 por la cual se instruyó a los delegados regionales de la organización para que, en determinada etapa de la tramitación, convinieran los servicios de un estudio de arquitectura a fin de elaborar el proyecto habitacional (fs. 126, punto III).
7) Que, sin embargo, el a quo mutila esa importante prueba cuando —puesto a considerar el contenido de la relación contractual. cuya existencia da por acreditada sobre la base de aquélla— no toma en cuenta que la recordada resolución expresa a renglón seguido: "Los profesionales y/o empresas intervinientes, deberán aceptar el compromiso de que, si la operación por cualquier causa ño resultara viable o no fuera aceptada y financiada por los orgavismos del Estado a los que se la someta, nada tendrán que recla mar por tareas realizadas, ya sea a honorarios profesionales, lucro cesante, indemnización, etc." (fs. 127).
8) Que esa omisión resulta particularmente injustificada si se advierte que el arquitecto Ogallar —en su carácter de integrante de
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Año: 1986, CSJN Fallos: 308:1886
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