TELEFONICA vr ARGENTINA S.A. v. PROVINCIA DE MENDOZA RECURSO EXTRAORDINARIO: Requisitos propios. Cuestión federal. Cuestiones federales complejas. Inconstitucionalidad de normas y actos provinciales.
Es formalmente admisible el recurso extraordinario si se cuestiona un decreto provincial -decreto 757/98 de la Provincia de Mendoza- bajo la pretensión de ser contrario a la Constitución Nacional y a otras normas federales y la decisión del Superior Tribunal provincial ha sido a favor del primero (inc. 2? del art. 14 de la ley 48).
—Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
RECURSO EXTRAORDINARIO: Requisitos propios. Cuestión federal. Generalidades.
Cuando está en discusión la inteligencia que cabe asignar a normas de carácter federal (ley 19.798, resolución 434/98 de la Secretaría de Comunicaciones y RGCST), la Corte Suprema no se encuentra limitada por los argumentos empleados por las partes o por el a quo. .
—Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
TELECOMUNICACIONES.
Los servicios de comunicaciones están sometidos a la jurisdicción nacional, toda vez que son aliados indispensables del comercio y su regulación compete al Congreso Nacional, en razón de la cláusula del progreso comprendida en el art. 75 inc. 18 de la Constitución Nacional, pues forman parte del sistema de correos y comunicaciones, —Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
TELECOMUNICACIONES.
El decreto 757/98 de la Provincia de Mendoza, en cuanto admitió la competencia de la Dirección de Fiscalización y Control provincial para entender en una denuncia por publicidad engañosa relativa a la prestación del servicio telefónico, constituye un indebido avance sobre las facultades que las provincias delegaron a la Nación (arts. 75 incs. 13 y 32, y 126 de la Constitución Nacional), dado que se introduce en la regulación y control de aspectos referidos a la organización y funcionamiento del servicio telefónico, de atribución exclusiva del Gobierno federal, asf como en la competencia asignada a la CNC para controlar la prestación de esos servicios.
—Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema—.
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Año: 2004, CSJN Fallos: 327:5781
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