Año: 1948, Fallos: 210:1080 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina

Anterior ... | Siguiente ...

se trate de un acto regular o sea que reúna las condiciones esenciales de validez: forma y competencia —realizado en el ejercicio de facultades regladas; requisitos sin los cuales puede ser válidamente revocado por el mismo poder que lo dictó—. C. S. 189-209; 199-247, 321, 422, etc.

Que aplicando tal doctrina al caso de autos, es indudable que el P. E. pudo dictar el decreto de fecha 18 de setiembre de 1930, que al anular los de 12 de marzo y 5 de julio de 1929, incursos en nulidad absoluta, restablecía el imperio de la ley y del derecho.

Que desde la fecha en que fué dictado el decreto del año 1930, la actora dejó transcurrir el término de diez años previsto por el artículo 4023 del Código Civil sin recurrir a las vías legales en amparo de su pretendido derecho.

Que por otra parte esta Corte Suprema ha declarado reiteradamente que las actuaciones administrativas no interrumpen la prescripción. C. S. 173-289; 175-90; 179160 y 309; 182-360; 183-227; 184-611; 187-216; 189,256, etc.

Por ello y fundamentos concordantes de la sentencia apelada, se la confirma. Páguense asimismo por su orden las costas de esta instancia en atención a la naturaleza de las cuestiones debatidas.

Tomás D. Casares — FELirE S.

Pérez — Luis R. Losa: — Justo L. ALvarez Roprícvez

Anterior ... | Siguiente ...