Año: 1982, Fallos: 304:976 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina

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otros), a la que sólo es dable acudir cuando lo imponen insuperables razones para asegurar la supremacía de la Constitución.

En otras palabras, cuadra sostener que la declaración de inconstitucionalidad de una ley por obra de los jueces es un remedio de cautelosa administración, pero al que no hay que renunciar cuando se impone la remoción de la norma cuestionada para afianzar la plenitud de la justicia, valor que impregna a la Constitución toda y que ha merecido su doble mención en el elenco axiológico del Preámbulo, — + Se impone, a mí juicio, formular dos consideraciones finales. Una, que los actores no se sometieron voluntariamente al régimen de la ley 21.274, por lo que su ulterior impugnación, con base constitucional, no es desechable, a mi entender, en los términos de la doctrina de Fallos: 285:410 ; 293:221 y 294:220 , entre otros, La otra, que no es del caso pronunciarse sobre la actualización monetaria de los créditos de los actores, ordenada por la Cámara, ya que acerca del punto, la recurrente no concreta agravio, Opino, en definitiva que corresponde confirmar la sentencia apelada en lo que fue materia de recurso extraordinario. Buenos Aires, 5 de noviembre de 1981. Máximo 1. Gómez Forgués.

FALLO DE LA CORTE SUPREMA
Buenos Aires, 6 de julio de 1982.

Vistos los autos: "Carrizo, Domingo y otros e/Administración General de Puertos s/cobro de pesos".

Considerando:

19) Que la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo revocó la sentencia de la anterior instancia y, consecuentemente, declaró la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 21274 —prorrogada por la ley 21.703— en cuanto se había determinido con arreglo al mismo las indemnizaciones que deben percibir los actores, por haber sido separados de sus empleos en virtud de la mentada ley

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