Año: 1993, Fallos: 316:1561 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina

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jueces desarrollan con carácter habitual y permanente una función estrictamente jurisdiccional.

Resulta, pues, carente de toda validez constitucional querer eludir el pago del aporte previsional medianteel artificioso recaudo de considerar a los jueces cumpliendo funciones ejecutivas.

Es fácilmente advertible la fragilidad jurídica de la acordada 75/ 91, que se pretendió legitimar con la incorporación ala ley de presupuesto nacional de gastos de los años 1992 y 1993.

De aquí la invalidez del art. 20 de la ley 24.191 en cuanto dice:

aclárase que el concepto "funciones ejecutivas" a que alude el art. 24 de la ley 24.061 incor porado a la ley complementaria permanente de presupuesto alcanza en el ámbito del Poder Judicial de la Nación al suplemento creado por acordada n° 75 de fecha de diciembre".

Tal expresión que pretende dar fuerza de ley a la acordada 75/91, viola la Constitución y la leyes de previsión y sobre remuneración, y transgrede también inaceptablemente la ley general N° 24.156, donde, con todo acierto, se ha estructurado el contenido que debe llevar la ley de presupuesto, y por otra parte cuanto no puede establecer, ya que el art. 20 de esta ley establece que las normas de presupuesto no formar oderogar leyes vigentes ni crear, modificar osuprimir tributos u otros ingresos.

En definitiva, el art. 20 de la ley 24.191 no puede tener validez jurídica alguna pues no cumple con el requisito de abstracción o generalidad que son el apoyo delas leyes en sentido material. Por otrolado importa una pretensión legislativa de desconocer la consolidada doctrina de esta Corte establecida tanto en el caso Piccirilli como en el caso Fabris. Sereitera, losjueces no cumplen funciones ejecutivas sino jurisdiccionales y tampoco son "dependientes" de la administración nacional.

La separación de los poderes y la vigencia de las normas contenidas en la Constitución Nacional no pueden ser violadas ni desdichas por una simple afirmación dogmática sin valor jurídico alguno.

8) Que, en cuanto a la cuestión de fondo, cabe traer a colación lo decidido en la Resolución 617/89: "en épocas de emergencia económi

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