Año: 1999, Fallos: 322:1956 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina

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Estos pactos son paradigmáticos en cuanto a la exigencia de imparcialidad debido a que la exigen conjuntamente con la garantía del juez natural y la independencia judicial: se exige un juez imparcial como un requisito más que no se confunde con aquellos otros. Además de formar parte del derecho positivo vigente son ley suprema de la nación a la que debe conformarse cualquier otra legislación. A ello debe agregarse la jurisprudencia interpretativa que de ellos han hecho los organismos internacionales encargados de la aplicación de tales convenciones.

El modo que tiene la legislación de reglamentar la garantía constitucional es, como dijimos, estableciendo en las leyes procesales los mecanismos necesarios para apartar de una causa a un juez que no asegura la imparcialidad.

En nuestra legislación, el texto original del art. 55 inc. 1 era similar al contenido en diversos códigos procesales provinciales y al del Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica, cuyo art. 22 inc. 2 autoriza la inhibición del juez que "pronunció o contribuyó a pronunciar sentencia en la misma causa o intervino como juez en otro período del procedimiento".

Sin embargo, de modo irreflexivo, el art. 88 de la ley 24.121 —de implementación y organización de la Justicia penal, que reformó el inc. 1 del art. 55 del CPP: suprimió la parte que establecía la inhabilidad del juez que "en el mismo proceso hubiere pronunciado o concurrido a pronunciar sentencia o auto de procesamiento" y mantuvo la recusabilidad del juez que "hubiera intervenido en el mismo proceso como funcionario del ministerio público, defensor, denunciante, querellante o actor civil, o hubiera actuado como perito o conocido el hecho como testigo, o si en otras actuaciones judiciales o administrativas hubiera actuado profesionalmente a favor de alguna de las partes involucradas".

Respecto de los motivos de la reforma, en el debate parlamentario sólo se refiere a esta cuestión Nicolás Garay, diputado por Corrientes, quien fundamentó esta modificación diciendo "Algunos códigos que establecen el procedimiento oral consideran que hay prejuzgamiento cuando una de estas Cámaras interviene en una etapa de instrucción y luego tiene que resolver la sentencia. Esta concepción fue adoptada por nuestro código actual que en su artículo, establece como causal de recusación el hecho de que el Tribunal haya intervenido en el auto de

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