Año: 1946, Fallos: 204:636 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina

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sobre responsabilidad civil; ni el impuesto de obras sanitarias, con la consiguiente ejecución; celebró contrato de transferencia de la concesión sin estar autorizado poz la comisión administradora del parque ni el P. E.; realizó "bailes públicos" en lugar de los familiares y populares a que estaba obligado por la concesión; mantuvo clausurado el Parque Japonés la mayor parte del año 1938, en transgresión a lo preceptuado en el art. 11 del Pliego de Condiciones; igualmente transgredió las normas elementales —y contractuales por lo demís— de higiene, moralidad y orden público.

En definitiva hubo incumplimiento y transgresión de las obligaciones aceptadas por el señor Bracamonte y consiguiente perturbación del servicio público que determinó su concesión y cuya importancia él mismo reconoció al solicitarla de la comisión administradora en 1934; y puesto que, según ha dicho la Corte, el Esfado concede pero no enajena la prestación del servicio público, en el caso de autos por las normas contractuales y por el derecho de policía pudo y debió el Gobierno de Tucumán declarar caduca la concesión y son, en consecuencia, improcedentes los daños y perjuicios que se le reclaman.

En cuanto a la acción de reintegro, sostiene que, siendo justa la cancelación o caducidad de la concesión, es consecuencia lógica que no tiene derecho a reclamar reintegro de bienes que, por mandato expreso del pliego de condiciones —art. 10— deben quedar en propiedad del concedente. Además, intentándose una acción contra el Estado como persona jurídica, debe recordarse que ésta no es responsable por daños derivados de los delitos que sus empleados hubieren cometido, y a tal fín cita el art. 43 del Cód. Civ. y jurisprudencia nacional.

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