Año: 1946, Fallos: 204:633 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina

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haberse violado el contrato-concesión" y puesto que éste terminaba el 26 de setiembre de 1949 y que la ganancia anual de Bracamonte puede ser establecida en $ 45.000 m/n. de e/., resulta que, en los 10 años que faltaban cuando se decretó la caducidad, esa suma llega a $ 450.000, o lo poco más o menos que fije el libre criterio de la Corte.

La provincia obró como persona civil al celebrar con Bracamonte el contrato de que informan los documentos acompañados, y, en tales condiciones —dice el actor— el contrato constituye la ley para las partes y, en todo aquello que en él no esté provisto, deben aplicarse las disposiciones del Cód. Civ.; y, por lo tanto, "no tratándose de una concesión de derecho público, sino de derecho privado, en defecto de una cláusula resolutoria expresa, la Prov. de Tucumán no podía hacer otra cosa más que demandar el cumplimiento del convenio" aun en el caso de ser exactas las infracciones que se imputan a Bracamonte, tal como lo disponen los arts.

1203 y 1204 del Código mencionado; ya que en el contrato-concesión se establecían penas de multa para las infracciones y sólo en el caso de resistencia de Bracamonte a cumplir las órdenes de la comisión administradora en el sentido de suprimir representaciones teatrales o espectáculos contrarios a la moral o perturbadoras del orden, podía clausurarse el Parque Japonés.

En cuanto a la "acción por reintegro" ella deriva de la circunstancia de pertenecer al concesionario los bienes de la concesión por el término de quince años, de manera que privado de ellos por el injusto decreto de caducidad, le corresponde el valor que durante los diez años faltantes debe computarse a las instalaciones, construcciones, muebles, etc, que menciona y aprecia en detalle a fs. 25 y sigts. y que totaliza en la suma de

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