Año: 1956, Fallos: 236:597 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina

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Que en mérito de esa atribución, el Congreso ha dictado el Código de Justicia Militar (ley 14.029) y ha podido establecer en qué casos los militares retirados quedan sometidos a la jurisdicción castrense, en virtud de determinadas infracciones que afectan o pueden afectar los intereses superiores de la disciplina. Como lo tiene declarado esta Corte (Fallos: 101:354 ), el Poder Legislativo "ha podido establecer normas excepcionales, justificadas por la necesidad de colocar al Ejército y la Armada en una situación diferente de las demás partes del mecanismo gubernamental, ya por su composición, ya por las reglas que deben gobernarlo, de modo a contenerlo ante la sociedad desarmada, dándole al mismo tiempo la unidad y dirección que la ejecución de las órdenes requiere".

Que las sentencias de este Tribunal, en los casos "de Lezien Fernando A." (Fallos: 202:404 ) y "Espíndola Salvador A." (Fallos: 202:429 ), que declararon la competencia de la justicia federal para conocer en la enusa sobre conspiración para la rebelión militar, nlegadas por los recurrentes, no se fundaron, como lo dice el Sr. Procurador (General en su dictamen (fs. 3020), en razones de orden constitucional sino en el examen de las disposiciones del Código de Justicia Militar y de la Lev Orgánica del Ejército entonces vigentes (1945). Durante la vigencia del anterior Código de Justicia Militar los militares retirados, con arreglo a lo dispuesto por el art. 118, no estaban sometidos a la jurisdicción militar, y la Ley Orgánica del Ejército (ley 9675) solamente los sujetaba a los reglamentos militares cuando ejercieran funciones en el Ministerio de Guerra o cuando vistieran uniforme (art. 38, inc. 5).

Que en el censo "Lezica Fernando A.", ya citado, se declaró por este Tribunal la inconstitucionalidad del art. 89, ine. 3", del decreto-ley orgánico del Ejército

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