Año: 1985, Fallos: 307:80 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina

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citada provincia, cuya comisión se le atribuyó al nombrado Ochoa en ocasión del ejercicio del cargo de gobernador, para el que fue designado por el llamado "Proceso de Reorganización Nacional". En consecuencia de ello, el magistrado federal libró los correspondientes oficios inhibitorios a los titulares de los juzgados provinciales citados, los que, en su momento, dieron lugar a la incidencia resuelta por la Corte a fs. 49/50.

Las contiendas positivas de competencia quedaron luego trabadas entre los jueces locales y el magistrado federal (fs. 885/89, 98/98 bis y 92 de la presente), lo que motivó la elevación de este incidente y de las causas criminales cuyo objeto procesal y estado se señalarán a efectos de una más ordenada decisión de la contienda.

29) Que por ante el Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional de la Primera Nominación de Santiago del Estero se instruye el sumario N9 801/84 por denuncia de Michel del Valle Sayah Correa, quien imputa a César Fermín Ochoa el delito de malversación de caudales públicos que habría cometido al disponer —durante todos los años de su gestión como gobernador de la provincia— un operativo diario de la policía y la utilización de un auto del patrimonio provincial para el traslado de su hija desde su domicilio hasta el colegio de la ciudad de Santiago del Estero y viceversa. Asimismo se le imputó haber usufructuado la residencia oficial del Gobernador luego de cesado en su cargo. Por esos hechos se lo detuvo, se le recibió declaración indagntoria (fs. 23, 84 y 35), y se le concedió la excarcelación anticipada (fs. 79).

3) Que con intervención del tribunal citado en el considerando anterior, también se instruye el expediente N° 1465/84 a raíz de la denuncia formulada por el Fiscal de Estado de la Provincia de Santiago del Estero, en la que imputa al ex Gobernador Ochoa, a su ex Ministro de Economía, a su ex Secretario de Agricultura, Ganadería y Bosques y al ex Director de Bosques y Fauna, la comisión de los delitos previstos en los arts. 173, ines. 79 y 119, 174, inc. 59, y 248 del Código Penal. Ellos se habrían cometido a raíz del decreto del Poder Ejecutivo Provincial que adjudicó a la firma Lumik S.A. el derecho a explotar el vuelo forestal de 66.000 hectáreas de tierra fiscal por el término de 33 años, en violación a lo que dispone la ley nacional 13.273. La adjudicación se habría hecho cuando la empresa no se encontraba aún legal

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