Año: 1995, Fallos: 318:2521 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina

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que alega el matrimonio H.", medida a la que se hizo lugar a fojas 1190, y que constituye la materia del presente recurso.

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Pienso que asiste razón al apelante cuando sostiene que esa diligencia, en la medida que implica una intervención compulsiva en el cuerpo de una persona importa, por su propia naturaleza, avanzar sobre las garantías constitucionales relativas a la integridad física y a la intimidad.

Así lo ha entendido el Tribunal cuando ha señalado, si bien con relación a un caso cuyas demás circunstancias de hecho son diferentes, que la extracción compulsiva de sangre, por presuponer el ejercicio de cierto grado de violencia sobre una persona, implica una lesión a su integridad física y una invasión a su esfera íntima (conf. M. 537, XXII, recurso de queja por apelación denegada en causa: "Muller, Jorge / denuncia", sentencia del 13 de noviembre de 1990, considerando 20).

No es menos cierto, sin embargo, que en el procedimiento penal, dentro de cuyo marco aquella medida fue dispuesta, "tiene excepcional relevancia y debe ser siempre tutelado el interés público que reclama . la determinación de la verdad en el juicio, ya que aquel no es sino el medio para alcanzar los valores más altos: la verdad y la justicia" (conf.

F. 400, XXII, "Fiscal / Fernández, Victor Hugo 5/ av. infracción ley 20.771", sentencia del 11 de diciembre de 1990, considerando 14).

En el mismo sentido, en el caso "Muller" ya citado, V.E. puntualizó que "el proceso penal ofrece características propias, por la incidencia del interés de la sociedad en la investigación y castigo de los delitos" considerando 212).

No obstante, en ese mismo precedente, V.E. señaló, que "las normas que confieren atribuciones amplias a los jueces para disponer medidas de prueba deben entenderse razonablemente dirigidas a la averiguación .

de los hechos presuntamente delictivos que constituyen el objeto sumarial" (considerando 15).

A continuación, y con cita de los artículos 178, 180 y 322 del Código de Procedimientos en Materia Penal (ley 2372), que sirvieron de base

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