Año: 1953, Fallos: 227:354 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina

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as FALLOS DE LA CORTE SUPREMA del art. 30 de la Constitución Nacional al obligúrsela en virtud de una disposición legal que había sido derogada, La provincia demandada, oponiéndose al progreso de la acción arguyó, por su parte, que el criterio de la Dirección de Rentas era exaeto, porque el decreto 5.270 de la Intervención Federal fué reglamentario de la ley provincial N" 3,275 y no decreto-ley modifieatorio de la misma, y que en cuanto la modifieara resultaba incompatible con el art, 135, inc, ?, de la Constitución local por exceso del Poder Ejecutivo en el ejercicio de sus faenltades reglamentarias.

El juez nacional de primera instancia al examinar la diserepancia planteada entre actora y demandada sobre la interpretación y aleance del decreto 5,270 de la Intervención Federal con referencia a la ley 3.275, entró a considerar también las atribuciones del comisionado federal, (cuestión no plantenda originariamente por las partes, aunque introducida por la actora en refuerzo de su tesis al alegar de bien probado) entendiendo que debió haberse acreditado la delegación del gobierno central para dictar deeretos-leyes o que el cuestionado era indispensable para el funcionamiento del gobierno o el enmplimiento de los fines de la revolución, llegando finalmente n la conclusión de que el deereto 5.270 debía estimarse reglamentario de la ley 2.275, por lo que terminaba rechazando la demanda instaurada.

La Cámara Nacional de Apelaciones revocó la sentencia del Inferior, entendiendo que el decreto había modificado la ley en su aspecto substancial, por lo que reconocía el mismo valor formal de una ley provincial, sin que la demandada hubiese invocado extralimitación del Interventor en el ejercicio de sus atribuciones en al

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