Año: 1940, Fallos: 188:251 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina

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tividades por el gobierno federal, no comporta excluir de la jurisdicción impositiva provincial a quienes las ejercitan, pues de otra suerte el solo hecho de dictar el Congreso el Código de Comercio impediría a las provincias cobrar patente a los comerciantes, del mismo modo que no podría cobrarlas a los abogados, médicos u otros diplomados por universidades nacionales, o a los industriales que ejerciten actividades de las que ahora está reglamentando el gobierno central, o simplemente exploten patentes o marcas expedidas por la misma autoridad. La mejor prueba de que la nación conceptúa válidos los impuestos provinciales, es que ha exonerado de ellos a las empresas telefónicas — y por extensión a las de radiotelefonía — durante cierto número de años, y tan sólo durante ese término.

Es esta última circunstancia la que a mi juicio podría hacer aceptable el reclamo del actor, si a ello no se oponen fallas de la prueba, materia ajena a mi dictamen. La ley N° 750 34, (aplicable con arreglo a lo dispuesto en las 4408 y 9127) concede en su art. 15 exoneración de impuestos provinciales a las empresas de trasmisión inalámbrica, por el término de diez años contados desde la fecha de su establecimiento. Desde que no se ha opuesto tacha de inconstitucionalidad a esa disposición legal, ni tampoco se discute que las cuotas pagadas estén fuera del plazo aludido, sólo resta cumplirlas. Bajo tal concepto, la demanda es procedente.

— Juan Alvarez,
TALLO DE LA CORTE SUPREMA
Buenos Aires, noviembre 13 de 1940.

Y vistos: Los autos seguidos en jurisdicción originaria por la Sociedad Roca Hermanos y Compañía

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