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95/100), Aprecio, pues, que la derogación o declaración de ineficacia de la legislación defacto debe ser expresa, concreta, explícita. Luego, con arreglo a la interpretación restrictiva propiciada, no cabe extender el alcance de la ley 20.509 a materias como la de autos ni a aquellas que le son análogas, como los regímenes represivos de infracciones que constituyen el derecho penal administrativo, penal económico, penal fiscal (tributario), penal laboral, penal procesal, penal disciplinario, etcétera. Hacerlo implicaría, como lo reconoció el miembro informante, senador Martíarena, "afectar instituciones de la vida civil, comercial, administrativa, et cétera, que han tenido ejecución y que no podemos hacer desaparecer sin crear el caos en la República..." Todo ello, desde luego, a menos que normas explicitas establezcan lo contrario.
Y tal discriminación tiene su razón de ser porque los motivos que pueden invocarse en favor de la caducidad automática respecto de la legislación penal común dictada por gobiernos defacto, por principio, no se dan, salvo excepción, en el régimen represivo que integre el derecho penal administrativo, económico, tributario, laboral, etc.
VI. No desconozco las dificultades que suscita la delimitación entre el derecho penal sustantivo (común) y el derecho penal administrativo,
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Año: 1975, CSJN Fallos: 293:56
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