Año: 1987, Fallos: 310:300 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina

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ocurre en el caso—, los mismos han sido acogidos por la legislación pública provincial (v. art. 19 ley de Salta N° 6254 - fs. 444-).

Ello hace que, consiguientemente, sea la justicia provincial la Única competente para conocer en estas cuestiones de derecho público local, y en tales condiciones, el a quo en su carácter de tribunal nacional ha ejercitado al dilucidar los temas de fondo reseñados , atribuciones exclusivas y propias de los tribunales de provincia, afec tando facultades reservadas a las autoridades locales por los artículos 5, 104, 105 y concordantes de la Constitución Nacional.

Además en orden a la solución expuesta resulta inoficioso todo pronunciamiento respecto de la eventual inconstitucionalidad del art.

29 de la L.C.T. invocada por el banco apelante.

IV
No puedo dejar de señalar a mayor abundamiento: a) que el recurrente interpuso los óbices vinculados a la jurisdicción del tribu mal para intervenir en el juicio, en oportunidad de contestar la de- manda, como cuestión previa y condicionante de las restantes materias de fondo, —sea de hecho o de derecho—, que también ataca circunstancia que mantiene la actualidad de los agravios sobre el particular, aun cuando no se los haya expresado en esta instancia respecto de los restantes temas resueltos por el a quo. Es mi parecer que las impugnaciones sobre el particular se encuentran implícitas, desde que la interposición de la referida excepción importó negar a la justicia nacional del trabajo potestades jurisdiccionales para satis- .

facer las pretensiones del actor y consecuentemente dilucidar aquellos temas: b) que ninguna cuestión fue introducida en la litis relativa al lugar de cumplimiento de funciones, al domicilio, o a la distinta vecindad de los litigantes; c) que si bien el demandado quedó constituido como ente aútárquico a los fines económicos del estado provincial (v. fs. 120) —antecedente que también excluye la jurisdicción originaria de esta Corte para intervenir por razón de las personas—, ello no desvirtúa su carácter de persona jurídica pública provincial, en tanto debe ajustarse respecto de su funcionamiento a las leyes orgánicas vigentes en dicha provincia (v. fs. 138); en tal situación,

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