Año: 1962, Fallos: 254:368 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina

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2 FALLOS DE LA CORTE SUPREMA previstas por el art. 35 por lo que las normas de la Carta Fundamental referidas carecen de relación directa e inmediata con la materia del pronunciamiento, En cuanto a los demás agravios, cabe señalar que el Estatuto en su art. 6° impone al personal de la administración diversas obligaciones que se detallan en los ines, a) a ll) de esa disposición. El ine, i) determina que deben declararse las actividades de carácter profesional, comercial, industrial, inclusive cooperativas, o de algún modo luerativas, a fin de establecer si son compatihles con el ejercicio de sus funciones, El apelante sostiene que la omisión de declaración de un cargo municipal, en que incurrió el ex-agente, configura infracción al art. 6, ine. 1), del Estatuto, en cuanto éste se,refiere a las actividades de algún modo Merativas, que deben ser denunciadas y dentro de enyo carácter considera se encuentra dicho cargo.

No comparto este criterio, En primer Iugar porque el texto legal transeripto contempla el caso de las actividades privadas, a que alude también el art. 69 ap. TI, ine, €), de la reglamentación, en el enal se ha incluído, en primer término, el deber de declarar el carácter de jubilado y los cargos oficiales desempeñados. En segundo Ingar, no es razonable afirmar que un cargo de esta naturaleza, ya sea nacional, provincial o municipal, tenga el carácter de actividad de algún modo Incratira, en el sentido utilizado por la ley, en razón de que el significado de ese término, o sea lo que produce utilidad y ganancia —conf, Diccionario de la Real Academia Española— no es dable atribuirlo a un empleo oficial retribnído con un sueldo determinado, que no puede constituir una Mente de Juero para quien lo desempeñe y que en cambio sí tiene ese sighifieado cuando se refiere a la eninciación genérica de las actividades previstas por el art. 69, ine. i), de la ley.

Esta última norma impone el deber de declarar las aetividades privadas del personal "a fin de establecer si son compatibles con el ejercicio de sus funciones" y de su letra resulta que quien debe apreciar esas circunstancias y juzgar en definitiva la situación de los agentes, es la administración y no los interesados a quienes sólo incumbe cumplir con esa obligación, Por ello, la cesantía decretada por el Poder Ejecutivo en este caso no puede fundarse, como lo sost iene el apelante, en el ine. 11) del art. 6? de la ley, ya que si bien éste establece el deber de "encuadrarse en las disposiciones legales y reglamentarias sobre incompatibilidad y acumulación de cargos", ello presupone que existe una incompatibilidad juzgada por la Administración y que autorice a la misma a disponer que el agente dé cumplimiento a esa disposición,

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