Año: 1968, Fallos: 270:341 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina

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lo dictaminado por el suscripto y, lo que importa señalar, ante circunstancias análogas a las de autos.

Difiere sin embargo el presente caso de los mencionados y de otros similares fallados por V. E. en igual sentido en el hecho de que, después de dictada la sentencia de fs, 127 y deducido el recurso extraordinario, ha sido sancionada la ley 17.583 que prorroga hasta el 31 de marzo próximo el art. 2 de la ley 16,931, En el memorial agregado a fs. 142 invoca el recurrente dicha circunstancia, entendiendo que al limitarse la aludida prórroga únicamente al artículo citado, que se refería a la suspensión de juicios en trámite o a la iniciación de otros nuevos, excluyó a los que, como acontece con el sub iudice, se encontraban definitivamente concluidos por sentencia firme. Considera asimismo que las restantes disposiciones de la ley 16.931 han dejado de tener efecto y que, en consecuencia, corresponde hacerle pago total e inmediato de la condenación recaída en autos.

Para el supuesto de que otra fuere la inteligencia y alcances que se atribuya a la ley de prórroga y se estimare, por tanto, que ésta ha extendido hasta la fecha indicada la totalidad de las normas de la ley 16.931, el apelante reitera y mantiene las impugnaciones de inconstitucionalidad articuladas contra la última.

No encuentro atendibles tales pretensiones, Cabe hacer notar, en primer término, que la paralización o suspensión de juicios prescripta por el art. ?' de la ley 16.931, que la 17.583 ha venido a prorrogar, es comprensiva de los juicios en estado de ejecución de sentencia, como resulta sin esfuerzo de la amplitud de los términos en que está concebido el texto legal en cuestión. :

En los precedentes arriba indicados (D'Aste y Hernández Cáceres) mediaba una situación semejante a la de autos en cuanto a la existencia de sentencia firme y embargos, lo que no fue óbice para que la Corte se pronunciase, como dije, por la constitucionalidad de la ley.

Pienso que las razones que legitimaron esas decisiones son valederas para llegar a igual conclusión respecto de la nueva ley.

Así lo considero, atenta la duración de la prórroga y ante el hecho —que, en definitiva, toca apreciar a V. E.— de no haber aparentemente sufrido variación substancial las circunstancias que permitieron considerar como ley de emergencia a la 16.931, con las consecuencias que de tal calificación dimanan acerca de la limitación temporaria de derechos individuales de contenido patrimonial, Sin perjuicio de ello, estimo que la mención exclusiva que

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