Año: 1983, Fallos: 305:950 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina

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que ellos contienen, dijo concretamente: "El art. 301 L.C.T. original así como el 276 del T.O. no son aplicables, ya que pese u que en es:

entonces no se planteó demanda judicial, el perjuicio económico r:sultó evidente. Si no se resolviera como pido, se estará afectando cl patrimonio del actor y violándose directamente la garantía del art.

17 de la Constitución Nacional por lo que se plantea el recurso federal, tanto por el aspecto del fondo de la cuestión..." (segundo párrafo de fs. 3 vta.). En estas condiciones, lo argumentado por cl a quo en el sentido de que la "inconstitucionalidad no ha sido plarteada en el escrito inicial de fs. 2/3, por cuento la referencia al art.

301 L.C.T. (2? párrafo, fs. 3 vta.) y al perjuicio económico, en Ji forma en que está redactada no constituye un concreto planteamiento para que el Tribunal se expidiese sobre el tema... debido a que no lo dice claramente, limitándose a expresar su disconformidad...", comporta un excesivo rigor formal en la inteligencia del alcance del planteamiento de marras, exceso que, con arreglo a conocida jurisprudencia de esta Corte, importa la descalificación de la sentencia —en ese punto— como acto jurisdiccional (Fallos: 298:639 ; 300:1143 ; 302:176 ).

79) Que esta Corte, en reiterados pronunciamientos, ha admitido la procedencia del reajuste de los créditos dinerarios aun cuando no medie disposición legal expresa que lo contemple, a fin de preservar la justicia y principios de rango constitucional. Con respecto a los créditos de carácter laboral tuvo especialmente en cuenta que: a) la actualización de los mismos responde a un claro imperativo de justicia, cual es el de eliminar los efectos perjudiciales que la demora en percibirlos ocasiona a los trabajadores, atento que las prestaciones salariales tienen contenido alimentario y las indemnizaciones se uevengan, generalmente, en situaciones de emergencia para aquéllos; b) el reajuste no hace la deuda más onerosa, sino que mantiene el valor económico real de la moneda frente a su progresivo envilecimiento: c) el derecho de propiedad afectado sería —de no efectuarse la actualización— el del acreedor, quien percibiría una moneda desvalorizada cuyo poder adquisitivo sería muy inferior al que tenía en la época en que debía cobrarse la deuda; d) el principio de "afianzar la justicia" y la garantía de la retribución justa (Preámbulo y art.

M4 de la Constitución Nacional exigen que la equivalencia de las

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