Año: 2000, Fallos: 323:3856 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina

Anterior ... | Siguiente ...

FALLO DE LA CORTE SUPREMA
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2000.

Autos y Vistos; Considerando:

1) Que a fs. 75/86 la Provincia de Córdoba se presenta y pide la declaración de inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo Nacional 285/99, por medio del cual se creóla Zona Franca de La Pampa (General Pico), concediéndosel e beneficios impositivos, prebendas y exenciones no contempladas en los regímenes de las demás zonas francas del país, entre los que se encuentrala Zona Franca Córdoba (Zofracor) correspondiente a su jurisdicción, y, consecuentemente, afectando, a su juicio, laigualdad entrelas provincias. Por otra parte, también impugna dicha disposición puesto que el art. 99, inc. 3, de la Constitución Nacional veda al Poder Ejecutivo la facultad de dictar decretos de ese carácter en materia impositiva.

2?) Que la presente demanda corresponde a la competencia originaria de esta Corte comolo sostienela señora Procuradora Fiscal en el dictamen que antecede, a cuyos fundamentos corresponde remitirse brevitatis causa.

3?) Que, por las diversas razones que esgrime en su escrito inicial, la actora sdicita que el Tribunal dicteuna medida cautelar disponiendo que se suspendan los efectos del decreto impugnado hasta que recaiga sentencia definitiva en la causa.

4°) Que la actora sustenta su pedido en la afirmación de que el decreto mencionado es manifiestamente violatorio de los incs. 1 y 12 del art. 75 de la Constitución Nacional, pues legislar sobre cuestiones tributarias o aduaneras es una facultad exclusiva del Congreso de la Nación. Asimismo, funda la tacha de inconstitucionalidad en que el art. 99, inc. 3° de la Ley Fundamental veda expresamente al Poder Ejecutivo la facultad de dictar decretos de necesidad y urgencia en materia impositiva, por lo cual éste no puede imponer tributos ni disponer exenciones. Agrega que tampoco concurren circunstancias excepcionales que hicieran imposible seguir los trámitesordinarios previstos por la Constitución. Por otra parte, alega que el decreto impugnado transgrede el principio de igualdad, así como el espíritu de la ley 24.331 —que previó el establecimiento dezonasfrancas sujetas a idén

Anterior ... | Siguiente ...