Año: 2004, Fallos: 327:3599 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina

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Señaló que si bien, en el régimen de la ley 19.101, la percepción de la asignación correspondiente al cargo constituye un derecho esencial derivado del estado militar, la determinación de los conceptos que completan ese haber es materia diferida a la reglamentación, para cuyo dictado el Poder Ejecutivo cuenta con amplitud de criterio, siempre que sea razonable y no signifique una alteración sustancial de sus condiciones. Explicó que el cobro del "STMC" está ceñido a una pauta subjetiva que resulta de una circunstancia de tipo personal, como esla de permanencia en el grado. Afirmó que no se demostraba gravamen alguno ya que, respecto de la alegación de los montos de ambos grados de jerarquía castrense, la crítica estaba destinada a cuestionar la manera en que influyen sobre ellos el suplemento aludido; el cual, por no cumplirse el requisito particular en el caso, había sido descartado.

Por último, señaló que el legislador valora datos de índole técnico financiero, pues todo el sistema legal de distribución de bienes debe condicionarse a ello. Recordó que esa actividad es una manifestación del principio de separación de poderes y no es propia del Poder Judicial. A los jueces les queda la misión de dar pleno efecto a las normas vigentes sin sustituir al legislador ni juzgar sobre el mero acierto o conveniencia de disposiciones adoptadas por aquél, en el ejercicio de sus propias facultades.

Contra tal pronunciamiento la actora deduce agravio federal (v.

fs. 153/159) por entender arbitraria la decisión porque a su criterio no se consideraron argumentos esenciales para la resolución de la litis, basados en los hechos probados en la causa, invocados como fundamento de su derecho. Asimismo denuncia que la sentencia no se ajusta a la norma federal aplicable, ni a los fallos de V.E.; porque —según su criterio— los cita erróneamente. Entiende, por ello, que no resultaría una derivación razonada del derecho vigente, adecuada a las circunstancias de la causa.

Afirma que a partir de la entrada en vigencia del decreto 110/90 se incurrió en un error en la determinación del haber correspondiente a su jerarquía de Brigadier Mayor, ya que desde su retiro (01/05/84) siempre había recibido una suma superior a la que percibía el cargo inmediato anterior (Brigadier), inclusive adicionándose a éste el STMC"", pero, con aquella norma y el posterior decreto 628/92, se alteró el nivel salarial y necesariamente condujo a una reducción de su haber sin dicho suplemento si se lo compara con el haber que percibe un Brigadier con el "S.T.M.C".

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