constitucional (Fallos: 246:87 y otros), en este caso, la de defensa en juicio de los derechos del damnificado". Y, también, con respecto a la misma garantía constitucional, al votar en disidencia la causa obrante en Fallos: 256:54 : "Que, asimismo, esta solución se compadece mejor con el principio de que, en la duda, debe estarse con la solución que asegure hasta su desenvolvimiento máximo y no con Ia que restrinja el principio fundamental de la defensa en juicio. ..".
Que, como se dijo, la interpretación formalizada en los párrafos anteriores es la que más armoniza con las normas del derecho federal que regulan la materia sub examen. En efecto: es aplicable al caso la norma del art. 32 del decreto-ley 13.127,/57 (ley 14.467), no solamente por mencionar las infracciones a la ley y a las normas reglamentarias de modo genérico, sino porque, al conceder plenas garantías al presunto infractor, entre otras la de ocurrir a la justicia, se halla más cerca de la libertad de defensa que la aplización restricta del premencionado art. 14, norma, ésta, que además, igualmente que el también prealudido art. 24, si bien no menciona literalmente la intervención judicial, tampoco contiene texto categórico que la prohiba. Y aún si se admitiere la posibilidad de la vía ordinaria, la conclusión precedente debe prevalecer porque asegura mejor la vigencia del derecho reclamado, evitando que una solución tardía pudiese resultar frustratoria de él.
Que las razones antecedentes, sin defecto de otras afines, son bastantes para hacer procedente la revocatoria de la sentencia apelada a fin de que el a quo reasuma su potestad jurisdiccional.
Por ello, y oído el Señor Procurador General, se revoca la sentencia de fs. 33. Y vuelvan los autos al Tribunal apelado para que reasuma su jurisdicción en la apelación abierta por el recurso de fs. 30, que se declara procedente.
Luis MARÍía Borrt BOGGERO.
DISIDENCIA NE LOS SEÑORES MINISTROS DOCTORES
Don RICARDO COLOMBRES Y DON ESTEBAN IMAZ Y considerando:
1") Que la singularidad del régimen normativo en materia bancaria encuentra fundamento constitucional en el art. 67, incs.
5, 16 y 28 de la Constitución Nacional, en cuanto las medidas legales sean conducentes a los fines de bien público en el gobierno y regu
Compartir
5Citar Página
Para citar esta página puedes copiar y pegar la siguiente
referencia:
Año: 1966, CSJN Fallos: 264:182
Extraido de : https://fallos.ar/csjn/tomo-264/pagina-182¿Has encontrado algún error en el texto?
Por favor, tenga en cuenta que los textos mostrados en esta página web pueden contener errores ortográficos o ser difíciles de leer debido al proceso de reconocimiento óptico aplicado a documentos antiguos extraídos de los PDF de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. Puede acceder a los documentos originales en el siguiente enlace: CSJN en específico en el Tomo: 264 en el número: 182 . Se recomienda utilizar los textos proporcionados aquí solo con fines informativos y considerar la fuente original para una referencia precisa.
Si encuentras algún error o tienes alguna consulta, no dudes en contactarnos a través del siguiente correo electrónico: