305:2204 ; 306:591 ; 307:2139 ; 311:1965 y 314:239 , entre otros), lo que no sucede en el sub lite, dado que el titular del tribunal provincial no atribuyó competencia al juzgado nacional para conocer del hecho objeto de este proceso.
Para el supuesto de que el Tribunal, por razones de economía procesal y atendiendo a la necesidad de dar prontofin ala cuestión, decidiera dejar de lado este reparo formal, me pronunciaré sobre el fondo del conflicto.
A tal fin, y toda vez que el magistrado nacional delimitó el objeto procesal perseguido a los daños ocasionados tanto en la vivienda, como en el automóvil dela denunciante (ver fs. 9/10 y 19), estimo que resulta de aplicación la doctrina de V.E. que establece que las declaraciones tanto del denunciantecomodel imputado, pueden ser tenidas en cuenta a los efectos de determinar la competencia, aunque no estén plenamente corroboradas, en la medida en que nose encuentren desvirtuadas por otros elementos del expediente (Fallos: 306:1387 ; 307:1145 y 308:213 y 1786; 317:223 ).
Por aplicación de estos principios y habida cuenta que de los dichos de Andriani de Acuña surge que la presunta actividad ilícita se habría materializado en su domicilio particular de esta ciudad, respecto del cual solicitó medidas de seguridad ante la posible continuación dela conducta denunciada (ver fs. 3/5 y 6/8), opino que corresponde dedarar la competencia de la justicia correccional de la Capital Federal para investigar a su respecto, aunque no haya sido parteen la contienda (Fallos: 303:1763 ; 308:1720 ; 310:1555 ; 311:102 ; 312:1623 ; 313:505 , entre muchos otros). Buenos Aires, 31 de mayo del año 2000.
Luis Santiago González Warcalde.
FALLO DE LA CORTE SUPREMA
Buenos Aires, 2 de agosto de 2000.
Autos y Vistos:
Por los fundamentos y conclusiones del dictamen del señor Procurador Fiscal, a los que cabe remitir se en razón de brevedad, se declara
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Año: 2000, CSJN Fallos: 323:2034
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